Los tribunales españoles enmendaron la plana a la Agencia Tributaria en varias ocasiones en este 2022 a raíz de las reclamaciones por multas y sanciones por fraude de empresarios y contribuyentes.
A la lista de casos perdidos por Hacienda en 2021, entre los que estaba el del futbolista Gerard Piqué, la actriz Paz Vega o el empresario gallego Amancio Ortega, se sumaron, el pasado año, los de Sito Pons, el empresario José María Aristrain y el exfiscal Emilio Valerio.
Uno de los últimos casos que ha trascendido es el del que fuera piloto de motociclismo y dos veces campeón del mundo de 250cc Sito Pons.
La Audiencia de Barcelona le absolvió a finales de diciembre de los seis delitos fiscales de los que le acusaban la Fiscalía y las agencia tributarias española, por los que se enfrentaba a 24 años de cárcel.
El tribunal declaró probado en la sentencia que, en los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2014, Pons –director del equipo Pons Racing– «pasó más de 200 días viajando por circuitos repartidos por todo el mundo y no fue residente fiscal en España, sino en Mónaco (2010 a 2012) y Reino Unido (2013 a 2014)».
En la sentencia también se afirmaba que el deportista «como contribuyente, ha declarado ingresos derivados del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, así como intereses obtenidos».
Asimismo, los magistrados acreditaron que la mayor parte de los intereses económicos y activos financieros de Pons y el núcleo de su actividad económica se concentraban y localizaban fuera del territorio español, salvo algunas propiedades ubicadas en España.
El caso Aristrain
Caso similar es el del industrial José María Aristrain, a quien la Audiencia Provincial de Madrid absolvió en enero de 2022 de los delitos de fraude fiscal de los que había sido acusado por la Fiscalía de Madrid por defraudar a la Hacienda Pública 211 millones de euros durante los ejercicios fiscales que van de 2005 a 2009.
En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados acordaban exonerar al magnate de quince delitos fiscales por los que el Ministerio Público solicitaba 64 años de cárcel.
Y lo hacían ante las dudas del tribunal al considerar «insuficiente» las pruebas practicadas para demostrar el fraude.
La Fiscalía reclamaba al industrial el pago, en concepto de responsabilidad civil, de más de 210 millones de euros y pedía que se le impusiera una multa que rondaba los 1.190 millones de euros.
Pero los magistrados decidieron absolverle basándose en el principio de ‘in dubio pro reo’ porque concluyeron que la prueba practicada era «insuficiente» y no permitía tener por acreditado que el acusado simulara un traslado de su residencia habitual durante los años 2005 a 2009, ni que la dirección efectiva de la empresa estuviera en España.
Por tanto, sostenían, se «pierde toda base fáctica de los delitos de defraudación tributaria que fundamentan la acusación».
«Si no ha sido acreditado que fuera residente en España, ni que dirigiera desde Madrid dicha sociedad, no hay motivo para considera que estaba obligado a tributar en razón de tales impuestos», recoge el fallo.
Emilio Valerio
Otra de las resoluciones contrarias a Hacienda, en este caso la foral, es la de la Audiencia Provincial de Navarra que absolvió al exfiscal Emilio Valerio, acusado de fraude a Hacienda, al entender que no existían pruebas suficientes para condenarle.
La Fiscalía pedía para él una condena de 38 años de cárcel y una multa de 4,5 millones de euros por la supuesta falsificación de facturas para conseguir la «devolución indebida» del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a través de sus empresas.
En una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), se explicaba que no había quedado acreditado que el exfiscal actuando en su doble condición de socio y administrador real de varias sociedades «ideara una trama consistente en la confección de facturas mendaces en las que aparecían reflejadas entregas inexistentes de bienes y prestaciones de servicios de otras sociedades» para lograr así la devolución indebida del IVA.
Además, el falló indicaba que tampoco quedó acreditado que esas facturas fueran falsas, ni que no respondieran a una concreta prestación de bienes y servicios, «ni que con ello se lograra la devolución indebida por parte de la hacienda foral» de determinadas cantidades por valor de más de cuatro millones.
Ruiz-Jarabo: Un sistema «Perverso»
Se da la circunstancia de que, en este caso concreto, quien realizó el peritaje sobre las empresas del exfiscal es quien fuera director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001 Ignacio Ruiz-Jarabo.
El alto funcionario, ya jubilado y autor del libro ‘Impuestos o libertad’, participará en este mes de enero en el Parlamento Europeo en la presentación de un documental y realizará una intervención en el marco del evento ‘¿Puede la Hacienda española destruir el Estado de Derecho?’ para denunciar los abusos de la Agencia Tributaria.
En conversación con Europa Press, Ruiz-Jarabo ha adelantado que en su ponencia expondrá que el sistema jurídico español está desequilibrado y el Estado goza de muchas potestades a su favor que no usa de forma «racional y moderada».
Es más, ha añadido que lejos de hacer un uso «templado» de esas potestades «sobredimensionadas», las usa «a degüello» en el caso de Hacienda.
A juicio de Ruiz-Jarabo, esto provoca que en casos en los que el fisco pierde en los tribunales, las resoluciones llegan 5 ó 6 años después del inicio de los procedimientos, que suelen incluir embargos de bienes, lo que provoca que el daño ocasionado sea irreparable.
Además, ha lamentado que no haya consecuencias negativas para inspectores, Fiscalía o Abogacía del Estado cuando las inspecciones de la Agencia Tributaria fallan, y entiende que deberían responder cuando se genera un daño que se provoca infundadamente.
Es más, ha denunciado que lejos de sufrir castigo, suelen «salir de rositas, cuando no beneficiados por un bonus» global que suelen recibir los inspectores por el conjunto de sus actuaciones. «Esto es perverso y diabólico porque cobras si sacas más al contribuyente», ha enfatizado, añadiendo que genera indefensión e inseguridad jurídica sobre todo a los empresarios.
Memoria 2020 y sistema ilegal
Si bien los datos no son de este 2022, la última memoria conocida de los tribunales Económico-Administrativos (2020), adscritos a Hacienda, recogía que el fisco había perdido la mitad de los juicios contra los contribuyentes.
Así, estos ganaron el 45,26 por ciento de los casos que habían llegado a esa instancia, mientras que en el 46,96 por ciento de las reclamaciones, el fallo había recaído del lado de Hacienda.
Por otro lado, en el ámbito de la Justicia comunitaria, se conoció en enero de 2022 el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró ilegal el sistema de sanciones que aplica Hacienda a los contribuyentes que no declaran correctamente y a tiempo sus bienes y activos en el extranjero, al concluir que se trata de una medida «desproporcionada» que contraviene el Derecho de la UE.
Fuente: Confilegal.com